UNA RAYA MÁS AL TIGRE

La denuncia constitucional presentada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación contra el expresidente Pedro Castillo pone de manifiesto la gravedad de las acusaciones que enfrenta. La denuncia se centra en la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro S.A., a pesar de que este no cumplía con los requisitos legales para el cargo. Este hecho, que supuestamente constituye un delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal, refleja una preocupante falta de cumplimiento de los procedimientos legales en el nombramiento de funcionarios públicos.

El comunicado del Ministerio Público es claro al detallar los hechos denunciados, específicamente el nombramiento de Salaverry mediante la Resolución Suprema n.° 002-2022-EM del 9 de enero de 2022. La renuncia de Salaverry, tan solo unas semanas después de su designación, alegando que no quería que su nombramiento fuese utilizado para desestabilizar al gobierno, añade una capa adicional de controversia al caso. Este incidente no solo pone en tela de juicio la legalidad de la designación, sino que también resalta los problemas internos y las tensiones dentro del gobierno de Castillo.

La denuncia se presenta en un contexto complicado para Castillo, ya que recientemente el Tribunal Constitucional declaró improcedente una demanda de hábeas corpus presentada por su defensa, la cual buscaba su reposición inmediata en el cargo de presidente de la República. El fallo del Tribunal establece que no existen pruebas suficientes de una amenaza o vulneración de derechos fundamentales que justifiquen la nulidad del proceso. Esta decisión judicial refuerza la posición del Estado respecto a las acusaciones contra Castillo, y subraya la solidez del sistema judicial en la protección de la legalidad y el debido proceso.

Además, la situación se complica aún más con la reciente afiliación de Castillo a un nuevo partido político desde el penal Barbadillo, un movimiento que ha sido recibido con escepticismo. El partido Todo con el Pueblo, al cual Castillo anunció su afiliación, no figura inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, lo que genera dudas sobre la legitimidad de esta afiliación. La falta de numeración y fecha en la ficha de afiliación publicada por Castillo añade más cuestionamientos sobre la validez y transparencia de este proceso. Todo esto compone un panorama político y judicial complejo que sigue en desarrollo y cuya resolución tendrá implicaciones significativas para la política peruana.