La denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, marca un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por las muertes registradas durante las protestas sociales de finales de 2022 y principios de 2023. El Instituto de Defensa Legal (IDL) y otras organizaciones de derechos humanos han presentado formalmente esta acusación, argumentando que las fuerzas del orden bajo el mando del gobierno cometieron crímenes de lesa humanidad. Esta acción, que sigue a una primera denuncia presentada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos, busca que la CPI abra una investigación sobre los eventos trágicos que han sacudido al país.
Este esfuerzo legal no es aislado ni improvisado. Se trata de una acción cuidadosamente construida que ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la CPI, respaldada por testimonios y reportes de organismos internacionales como la ONU, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las acusaciones apuntan a un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza contra manifestantes, con especial mención a jóvenes e indígenas, lo que refuerza la gravedad de los hechos denunciados. Además, la lista de personalidades que suscriben esta nueva demanda refleja un respaldo sólido de figuras políticas y académicas comprometidas con la defensa de los derechos humanos en el país.
Este proceso judicial se enfrenta a un desafío inmenso, ya que implica la imputación de responsabilidad a la máxima autoridad del Estado peruano. No obstante, la posibilidad de que la CPI abra una causa representa una señal de que las atrocidades cometidas no quedarán impunes, y subraya el rol fundamental del derecho internacional para salvaguardar los derechos humanos. En el contexto latinoamericano, donde la impunidad a menudo predomina en casos de represión estatal, este tipo de iniciativas legales internacionales marcan un precedente necesario para la rendición de cuentas.
Finalmente, lo que está en juego no es solo la justicia para las víctimas, sino también la credibilidad de las instituciones nacionales e internacionales que deben proteger a los ciudadanos. En medio de una crisis política que ha generado divisiones profundas en la sociedad peruana, este caso en la CPI es un recordatorio de que los derechos humanos no pueden ser negociables ni supeditados a intereses políticos. La comunidad internacional ahora tiene la oportunidad de demostrar que los crímenes de lesa humanidad no serán tolerados, sin importar la posición de poder de quienes los cometan.
