La decisión del Poder Judicial de imponer 30 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso Carretera Interoceánica Sur marca un nuevo capítulo en un proceso que ha captado la atención pública y judicial en Perú. Toledo, quien ya se encuentra en el penal de Barbadillo cumpliendo 18 meses de medida restrictiva, enfrenta acusaciones graves por presuntos delitos de colusión y lavado de activos. La investigación sigue en curso y su situación se complica aún más con las alegaciones de sobornos por seis millones de dólares recibidos de la empresa brasileña Camargo Correa, lo que pone en tela de juicio la integridad de las adjudicaciones para el proyecto vial.
El juez Víctor Zúñiga, quien dictó el fallo en la audiencia virtual del 8 de agosto, ha sido el encargado de manejar un caso que, sin duda, es uno de los más complejos y mediáticos del momento. La decisión, que ha sido recibida con descontento por la defensa de Toledo, quienes anunciaron que apelarán, revela la tensión y el conflicto que persiste en torno a la administración de justicia en casos de corrupción de alto perfil. Cabe destacar que la apelación de la defensa es una etapa esperada en el proceso judicial, dado que la condena aún no es definitiva.
Previamente, un pedido similar había sido rechazado por el juez Richard Concepción Carhuancho en marzo, quien explicó que Toledo no había sido extraditado por el tramo 4 de la Interoceánica sino por los tramos 2 y 3, en los que ya se encontraba bajo prisión preventiva. Esto evidencia la complejidad del caso y la necesidad de una gestión judicial minuciosa para esclarecer la magnitud de las implicancias legales y financieras involucradas. La diferencia en las medidas restrictivas para los distintos tramos del proyecto sugiere una diferenciación en la gravedad de las acusaciones y en el grado de implicación del expresidente.
En la reciente audiencia, Alejandro Toledo hizo un intento por sensibilizar al tribunal sobre su estado de salud al mencionar que está próximo a cumplir 80 años. Sin embargo, su intervención fue rechazada por el juez, quien enfatizó que el proceso debía continuar sin interrupciones. Toledo también ha solicitado repetidamente ser trasladado a una clínica, alegando problemas de salud, pero estas solicitudes han sido desestimadas en base a los informes médicos del Instituto Nacional Penitenciario. La insistencia del exmandatario en expresar sus condiciones personales subraya el conflicto entre su situación judicial y sus alegaciones de salud, complicando aún más la percepción pública y legal de su caso.
