¡Fuego a discreción! De forma reiterada se ha mencionado el actual estado de emergencia decretado el 19 de setiembre en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana (Piura). Está medida se ejecutó con la finalidad de frenar los altos índices de criminalidad.
Esto generó que alcaldes de otros distritos también se pronunciarán sobre el tema y pidieran lo mismo en su sector. Pero está solución al parecer no es suficiente, ya que el ilustre Congreso de la República ha planteado algo interesante y que genera debate. La Ley n° 31880 está en todos los medios de información y trata de otorgar facultades al compadre poder Ejecutivo para legislar en todo lo relacionado a la delincuencia.
Asimismo, está disposición permitirá al Gobierno proponer normas que permitan reducir los actos delictivos que diariamente perjudican a la ciudadanía. Los temas a tocar más resaltantes son el sistema de seguridad ciudadana, las estrategias para combatir el crimen organizado, la situación de la Policía Nacional del Perú en temas tales como la eterna batalla contra la corrupción y por último, un plan concreto para la migración irregular.
Ante este panorama, hay que sumarle la iniciativa propuesta por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, donde se indica que si un ciudadano abata a un criminal con el fin de proteger su hogar, su vehículo o empresa no se le aplicará prisión preventiva. Está propuesta no le pareció para nada al Poder Judicial.
Todas estas opciones. ¿Serán adecuadas para disminuir el hampa?
