La reciente modificación al Decreto Legislativo N° 635 por parte del Gobierno ha generado un debate crucial sobre el equilibrio entre la seguridad ciudadana y el derecho a la protesta. Las sanciones establecidas, que incluyen penas de hasta ocho años de cárcel por disturbios o daños a la integridad física y seis años por daño a la propiedad, plantean interrogantes sobre la proporcionalidad y la salvaguarda de los derechos fundamentales.
Asimismo, la convocatoria a nuevas manifestaciones sociales por diversos gremios y asociaciones refleja la insatisfacción ciudadana y la demanda de cambios políticos. No obstante, las acusaciones contra la presidenta Dina Boluarte por la muerte de manifestantes en protestas previas intensifican las tensiones. Es crucial que el Gobierno y los protestantes encuentren vías de diálogo para abordar estas preocupaciones y evitar escenarios de confrontación que puedan derivar en incidentes lamentables.
Por otro lado, la exigencia de renuncia a la presidenta Boluarte y la fiscal Benavides se basa en la falta de responsabilización por las muertes ocurridas durante las protestas pasadas. El informe de la ONU subraya la posible violación de los derechos humanos debido al uso excesivo de la fuerza. Ante esta situación, es imperativo que las autoridades tomen medidas efectivas para esclarecer los hechos, castigar a los responsables y restaurar la confianza en las instituciones.
En esa misma línea, es esencial que el Gobierno garantice el derecho a la protesta pacífica y el ejercicio de la libertad de expresión, al tiempo que se preserva la seguridad de los ciudadanos y la integridad de la propiedad. La transparencia en las acciones de las autoridades y la apertura al diálogo son cruciales para construir un camino que permita resolver las tensiones sociales y fortalecer la confianza en las instituciones democráticas del país.
