El reciente anuncio de un paro indefinido por parte de los gremios de transportistas en Perú refleja la profunda insatisfacción de este sector frente a la falta de respuestas del Congreso en cuanto a la derogación de la Ley 32108, que aborda el crimen organizado. La postura de los transportistas, liderada por figuras como Julio Campos, es clara: consideran que dicha ley no solo es insuficiente para enfrentar la delincuencia, sino que incluso podría favorecerla, afectando gravemente su seguridad y operaciones diarias. A pesar de varias reuniones con congresistas, el descontento sigue creciendo, lo que ha derivado en la convocatoria a este paro nacional indefinido.
Las demandas de los transportistas no se limitan a la derogación de la Ley 32108. También buscan medidas más contundentes por parte del gobierno para combatir la inseguridad que afecta sus actividades. Las extorsiones y amenazas por parte de bandas criminales son un problema alarmante, especialmente en regiones como el norte de Lima. El reciente paro de 72 horas y las manifestaciones anteriores reflejan una necesidad urgente de protección por parte del Estado, ya que la delincuencia ha generado un clima de temor e incertidumbre para los trabajadores del transporte.
Sin embargo, pese a la convocatoria al paro, algunos líderes gremiales, como Walter Carrera de Asotrani Perú, han aclarado que no habrá paro este lunes 14 de octubre, generando cierta confusión entre la población. Esta falta de coordinación en la fecha exacta de la manifestación refleja divisiones internas en el sector, aunque todos coinciden en que el descontento es real y las demandas son legítimas. Lo que queda claro es que el paro indefinido es inminente, y es probable que las tensiones aumenten en los próximos días si no se logra un diálogo efectivo.
Este conflicto pone en evidencia la incapacidad del actual gobierno y del Congreso para responder a las necesidades urgentes del país. La delincuencia, que afecta no solo a los transportistas sino a la sociedad en general, sigue siendo uno de los mayores retos. El gobierno de Dina Boluarte, por tanto, enfrenta una disyuntiva crucial: o toma medidas decisivas para proteger a los transportistas y otros sectores vulnerables, o se enfrenta a una escalada de protestas que podría profundizar la crisis social y política en Perú.
