¿QUIEREN ELIMINAR LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA?

La aprobación del dictamen para eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y crear la Escuela Nacional de la Magistratura por parte de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República ha generado una ola de controversias. Esta medida, liderada por la fujimorista Martha Moyano y promovida por la parlamentaria Gladys Echaíz, fue aprobada con 13 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. Ahora, la iniciativa deberá pasar por un proceso de doble votación en el Pleno del Congreso, lo que plantea un debate profundo sobre la independencia y la transparencia del sistema judicial peruano.

La JNJ ha sido un órgano clave en la supervisión y sanción de irregularidades dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público. La propuesta de su eliminación y sustitución por la Escuela Nacional de la Magistratura parece ser, en esencia, un intento de controlar una institución que ha demostrado ser incómoda para ciertos intereses políticos, particularmente tras la destitución de Patricia Benavides. La creación de un nuevo organismo encargado de la formación y nombramiento de jueces y fiscales podría llevar a una centralización del poder en manos del Congreso, lo que amenaza con erosionar la independencia judicial.

Adicionalmente, el proyecto de ley no solo afecta a la JNJ. También plantea cambios significativos en la estructura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), sugiriendo que sus jefes sean elegidos directamente por el Parlamento. Esta propuesta abre la puerta a una posible politización de estas entidades cruciales para la democracia, ya que su independencia es esencial para garantizar elecciones libres y justas y la correcta administración de los registros civiles.

El camino hacia la implementación de esta reforma no será sencillo ni rápido, ya que requiere una aprobación en dos legislaturas consecutivas. Sin embargo, la velocidad y determinación con la que se está impulsando este cambio plantea serias dudas sobre las verdaderas motivaciones detrás de la propuesta. La independencia de las instituciones judiciales y electorales es un pilar fundamental de cualquier democracia. Cualquier reforma que amenace esta independencia debe ser examinada con extrema cautela y debatida ampliamente, asegurando que se prioricen los intereses del país sobre los de grupos políticos específicos. Es complicado que un congreso deslegitimado con bajísima aprobación esté generando importantes reformas constitucionales que influirán notablemente en la vida de las peruanas y peruanos.