La revelación de audios presuntamente atribuidos al ministro del Interior, Juan Santiváñez, ha generado un profundo revuelo en el escenario político peruano. Estos audios involucran al gobierno de Dina Boluarte en supuestos intentos de desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y en la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el Congreso de la República, en su mayoría, ha mostrado una notable reticencia a tomar acciones inmediatas, como la interpelación o censura del ministro, lo que evidencia una preocupante falta de interés en el control político.
Los congresistas de diversas bancadas, especialmente aquellos que conforman la autodenominada coalición Bloque Democrático, han optado por cuestionar la autenticidad de los audios en lugar de priorizar una investigación profunda. Si bien es comprensible que se requiera la verificación de pruebas antes de tomar decisiones precipitadas, la negativa a siquiera considerar la posibilidad de interpelar al ministro Santiváñez revela una tendencia a minimizar las denuncias graves que podrían comprometer la integridad del gobierno y la institucionalidad del país.
Por otro lado, el pedido de congresistas como Héctor Ventura de Fuerza Popular y Roberto Chiabra de Alianza Para el Progreso, de realizar un peritaje de los audios antes de proceder con cualquier acción política, podría interpretarse como un intento de dilatar el proceso y evitar un enfrentamiento directo con el Ejecutivo. Este enfoque refleja una actitud que, más allá de la prudencia, podría estar socavando la necesaria labor de fiscalización que debe ejercer el Congreso, permitiendo que la impunidad y la falta de transparencia prevalezcan en la administración pública.
Finalmente, mientras algunos sectores de la oposición, como el Bloque Democrático Popular, han manifestado su indignación y exigido la salida inmediata del ministro, la mayoría de las bancadas parecen decididas a proteger al gobierno de Boluarte, ignorando la gravedad de las denuncias. Este comportamiento no solo debilita la función de control del Legislativo, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en sus representantes, quienes deberían velar por la probidad en el manejo de los asuntos públicos. Es imperativo que el Congreso asuma con responsabilidad su rol fiscalizador y que las denuncias sean investigadas con rigor para garantizar que la verdad salga a la luz y se haga justicia.
