¿QUÉ ES UN ESTADO DE EMERGENCIA?

Durante el Estado de emergencia, los ciudadanos están obligados a portar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en todo momento.

El Poder Ejecutivo ha declarado un Estado de emergencia en 12 distritos de Lima Metropolitana y Callao por un periodo de 60 días debido a la creciente inseguridad ciudadana. Los distritos afectados son Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Los Olivos, Puente Piedra, Villa El Salvador, Independencia, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica y Ventanilla. Esta medida extraordinaria busca restaurar el orden y la seguridad en estas zonas, afectando de manera significativa la vida cotidiana de sus residentes.

Un Estado de emergencia es una medida constitucional que otorga al gobierno facultades especiales para enfrentar situaciones críticas que amenazan el orden público o la estabilidad del país. Según el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, esta medida puede ser aplicada en caso de perturbación de la paz, catástrofes o situaciones que pongan en riesgo la vida de la Nación. Aunque otorga poderes extraordinarios al Estado, la aplicación de esta medida se rige por límites establecidos en la ley para evitar abusos de autoridad.

Durante el Estado de emergencia, los ciudadanos están obligados a portar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en todo momento. Aunque los derechos de tránsito y reunión no están completamente suspendidos, deben ejercerse con precaución, respetando las normativas impuestas. Las reuniones en espacios públicos requieren notificación previa y deben ser pacíficas. Además, se implementarán controles rigurosos en la circulación vehicular, por esa razón los conductores deberán tener sus documentos en regla y, en algunos casos, solicitar permisos especiales.

La declaratoria también implica la suspensión temporal de ciertos derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito, entre otros. A pesar de estas restricciones, las Fuerzas Armadas, que juegan un rol fundamental durante este periodo, no tienen poderes ilimitados. Su actuación debe ajustarse a los principios del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, garantizando que, incluso en tiempos de crisis, los derechos fundamentales de los ciudadanos sean respetados.