POLÍTICA VOLUBLE

En un contexto donde la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Público están bajo amenaza, la Junta de Fiscales Supremos junto a los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y Provinciales del Perú han emitido un enérgico pronunciamiento contra las recientes reformas aprobadas por el Congreso de la República. Estas reformas, aseguran, atentan gravemente contra el orden constitucional y la autonomía del Ministerio Público, pilares fundamentales de un Estado de derecho.

El comunicado se centra en tres proyectos legislativos, destacando el predictamen que propone la eliminación de la Junta Nacional de Justicia para crear la Escuela Nacional de la Magistratura, y el proyecto impulsado por el partido Perú Libre que modifica el código penal, complicando las investigaciones futuras a organizaciones criminales. Los fiscales sostienen que estas propuestas no solo colisionan con el orden constitucional, sino que también contravienen los valores y principios democráticos que deben regir las funciones del Ministerio Público.

Particularmente preocupante es la iniciativa de Gladys Echaíz que disuelve la Junta Nacional de Justicia, el órgano encargado de nombrar a jueces y fiscales, trasladando esta responsabilidad a una nueva entidad susceptible de intervención política. Este cambio, denuncian los fiscales, representa un serio retroceso, ya que amenaza la independencia de la judicatura, un principio esencial para el funcionamiento de un Estado constitucional de derecho. La independencia judicial es fundamental para garantizar que la justicia se administre sin injerencias externas, y su vulneración pone en riesgo todo el sistema democrático.

El pronunciamiento concluye con un llamado urgente a la ciudadanía y a todas las instituciones democráticas para unirse en la defensa de la democracia. Los fiscales exhortan al Poder Ejecutivo a ejercer su función de control de legalidad y constitucionalidad sobre los proyectos aprobados. En este sentido, reafirman su compromiso con la defensa del Ministerio Público, prometiendo permanecer vigilantes y actuar contra cualquier injerencia que amenace la institucionalidad democrática. En tiempos de incertidumbre, es crucial que todos los actores sociales se sumen a esta defensa activa para preservar los principios y valores que sustentan nuestra democracia.