La tensión entre el Poder Judicial y el Congreso se ha intensificado en las últimas semanas. La negativa del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, a convocar de inmediato una Sala Plena Extraordinaria, solicitada por jueces de la Corte Suprema y otras instancias judiciales, evidencia una brecha en la respuesta institucional frente a las reformas impulsadas por el Ejecutivo y el Legislativo. Estas reformas, que incluyen modificaciones al Código Penal, Procesal Penal y leyes relacionadas con la carrera judicial, han despertado la preocupación sobre la posible afectación de la independencia judicial y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La respuesta de Arévalo Vela, aparentemente mesurada y basada en una prudencia financiera, ha generado controversia. Algunos sectores judiciales y abogados cuestionan su postura, sugiriendo que su especialidad en derecho laboral podría limitar su comprensión de las implicancias procesales penales de las reformas. En su defensa, el magistrado ha sostenido que las nuevas leyes buscan sancionar a jueces que liberan a delincuentes capturados en flagrancia de forma irregular, destacando la necesidad de separar a los buenos jueces de los que incumplen la ley.
No obstante, el rechazo a estas reformas ha sido contundente en diversas Cortes Superiores de Justicia del país. Desde Trujillo, Cajamarca y Callao, jueces de todos los niveles han denunciado que estas iniciativas legislativas ponen en riesgo la separación de poderes, uno de los pilares fundamentales de la democracia. Estos jueces han advertido que la independencia del Poder Judicial es esencial para garantizar un tratamiento igualitario ante la ley, sin injerencias políticas que puedan manipular los procesos judiciales en beneficio de ciertos sectores del poder.
El debate se encuentra en un punto crítico. Mientras algunos abogan por una mayor fiscalización de los jueces para enfrentar la inseguridad ciudadana, otros alertan sobre los peligros de estas reformas para la autonomía judicial. Este enfrentamiento no solo define el futuro de la justicia en el Perú, sino también la fortaleza de su democracia, que depende de un equilibrio entre los poderes del Estado y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
