NUEVA DENUNCIA CONTRA DINA BOLUARTE

El archivo de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, dictaminado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, ha generado una serie de reacciones y reflexiones sobre la naturaleza y el alcance de las acusaciones políticas en el Perú. La denuncia, presentada por Mónica Yaya, alegaba que Boluarte había incurrido en una falta al no declarar que su cuñado, Alfredo Pezo Paredes, era contratista del Estado, lo que según Yaya, estaba prohibido por las leyes peruanas. Sin embargo, la subcomisión decidió no seguir adelante con la investigación, lo que abre un debate sobre la transparencia y la justicia en los procesos políticos.

Es fundamental analizar el contexto en el que se presentó esta denuncia. La acusación se remonta a febrero de 2022, cuando Boluarte era vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Yaya, una militante aprista, argumentó que Boluarte había omitido información crucial en sus declaraciones juradas, y que esto facilitó que su cuñado obtuviera contratos con el Estado. La denuncia, que inicialmente parecía tener fundamentos serios, fue finalmente desestimada por la mayoría de los miembros de la subcomisión, lo que plantea interrogantes sobre la imparcialidad y la exhaustividad de las investigaciones legislativas.

Mónica Yaya ha defendido su posición, asegurando que sus acciones no están motivadas por una animosidad personal contra Boluarte. En entrevistas, Yaya ha afirmado que sus denuncias se basan en hechos y principios, comparando el caso de Boluarte con situaciones similares que han involucrado a otros funcionarios públicos. Sin embargo, este tipo de acusaciones recurrentes puede ser percibido como parte de un juego político más amplio, en el que las denuncias se utilizan como herramientas para desestabilizar adversarios o ganar ventajas políticas.

El archivo de la denuncia contra Dina Boluarte, más allá de su contenido específico, refleja un patrón preocupante en la política peruana: la facilidad con la que se presentan acusaciones constitucionales y la frecuencia con que estas son desestimadas. Este ciclo perpetuo de acusaciones y archivos no solo distrae de los verdaderos problemas del país, sino que también socava la confianza pública en las instituciones. Es imperativo que el Congreso y otros órganos de control se esfuercen por mantener altos estándares de rigor y justicia en sus procesos, asegurando que las denuncias sean investigadas a fondo y que las decisiones se tomen con total transparencia.

Así como va el proceso político, Boluarte será la presidenta con más denuncias constitucionales archivadas, producto de su alianza con el congreso. Y el congreso actual será el que más archive las denuncias a la presidenta. Cuando cambie la correlación de fuerzas en el 2026, lloverán denuncias constitucionales al por mayor.