¿NOMBRAMIENTO AUTOMÁTICO DE DOCENTES?

El proyecto de ley aprobado por el Pleno del Congreso, que permite el nombramiento automático de docentes contratados en la educación básica regular, ha generado un considerable debate entre diversos actores del sector educativo en Perú. El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) y el Consejo Nacional de Educación (CNE) han solicitado al Ejecutivo que observe esta medida, argumentando que socava los principios de meritocracia que han sido la base del sistema educativo desde 2012. Según el secretario general del Sutep, Lucio Castro, esta norma discrimina y genera falsas expectativas entre los maestros al comprometer la integridad de los procesos evaluadores establecidos.

La principal crítica al proyecto de ley es que promueve una forma de nombramiento que no considera los méritos académicos y profesionales de los docentes, tales como exámenes, grados, títulos, maestrías y experiencia laboral. Al eliminar estos criterios, la ley permitiría nombramientos automáticos basados únicamente en el tiempo de servicio, ignorando los avances y esfuerzos realizados por los docentes en su formación continua. Esta situación es particularmente preocupante en un sistema que ha invertido significativamente en la creación de un cuerpo docente evaluado y competente.

Además, el proyecto es calificado como un “engañamuchachos” por parte del Sutep debido a su limitada aplicabilidad. Aunque se plantea beneficiar a unos 200,000 maestros con más de tres años de contrato, en realidad, solo 75,000 plazas orgánicas están disponibles, lo que deja a una gran mayoría sin posibilidad de ser nombrados. Esto no solo es injusto sino que también introduce un nivel de discriminación entre los docentes que no ocupan dichas plazas orgánicas, perpetuando la incertidumbre y la desigualdad en el magisterio.

Por otro lado, el presidente del CNE, Luis Lescano, ha subrayado que este proyecto atenta contra el principio de legalidad y el derecho a una educación de calidad, sugiriendo que, de ser aprobado por insistencia en el Congreso, debería ser llevado al Tribunal Constitucional. Esta medida no solo afectaría a los docentes, sino también a los estudiantes, quienes merecen tener educadores bien preparados. En este contexto, es crucial que el ministro de Educación, Morgan Quero, y el Ejecutivo realicen una evaluación técnica exhaustiva de la norma y, de ser necesario, procedan a observarla para salvaguardar la calidad educativa en el país.