La reciente atención sobre el lujoso reloj Rolex de la presidenta Dina Boluarte no solo resalta su valor, estimado en más de $14.000, sino también la ausencia de este objeto en su declaración jurada, un requisito obligatorio para funcionarios públicos. Este caso ha suscitado interrogantes, especialmente debido al aumento significativo de sus ingresos registrados en sus declaraciones desde el 2021 hasta el 2023. En solo dos años, los montos consignados en el rubro ‘otros’ se han más que triplicado, generando preocupaciones sobre posibles irregularidades en su patrimonio.
El análisis detallado de las declaraciones juradas de Dina Boluarte revela un incremento notable en sus ingresos, particularmente en el rubro ‘otros’, que abarca una variedad de bienes de valor, intereses y rentas. Este aumento, que asciende a S/432.932,25 soles en solo dos años, plantea serias preguntas sobre el origen de estos fondos y la transparencia en la gestión de su patrimonio como funcionaria pública, tanto en su rol como ministra como en su actual posición como presidenta de la República.
El exprocurador Anticorrupción Antonio Maldonado ha destacado la importancia de una rendición de cuentas exhaustiva y precisa por parte de los funcionarios públicos, subrayando que la omisión o falta de claridad en las declaraciones juradas podría constituir un delito de enriquecimiento ilícito. Además, ha señalado que las investigaciones en curso sobre el uso del reloj Rolex son solo el primer paso, y que se deben considerar otros aspectos, como las declaraciones de impuestos y otros signos de riqueza, para una evaluación completa del patrimonio de Boluarte.
En este contexto, es esencial que las autoridades competentes, incluida la Fiscalía de la Nación y la Contraloría General de la República, lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales para determinar la legalidad y origen de los activos de la presidenta Boluarte. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de la democracia, y es responsabilidad de todos garantizar su cumplimiento para mantener la confianza en nuestras instituciones y en el Estado de derecho. Esta situación la puede llevar a una acusación penal, sus opositores pretenden vacarla.
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