La reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de otorgar medidas provisionales a las víctimas de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta representa un hito crucial en la lucha por la justicia en Perú. Este fallo se produce en respuesta a la controversial ley aprobada en segunda votación por el Congreso peruano, que limita la aplicación del delito de lesa humanidad a los sucesos ocurridos a partir de julio de 2002. La aplicación de esta ley resultaría en la impunidad de numerosos casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos antes de esa fecha, una medida que socava los principios fundamentales de justicia y reparación para las víctimas.
La intervención de la Corte IDH no solo subraya la gravedad del asunto, sino que también exige al Estado peruano, a través de sus tres poderes, tomar acciones inmediatas para garantizar que la ley No. 6951/2023-CR no entre en vigor. Esto incluye dejar sin efecto cualquier iniciativa legislativa similar que amenace el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. En esencia, si el Congreso peruano decide aprobar esta ley en segunda votación, el Estado debería intervenir para impedir su implementación y el Poder Judicial debería abstenerse de ejecutarla.
El tribunal supranacional ha dado al Perú un plazo hasta el 9 de agosto para presentar un informe detallado sobre las acciones emprendidas para cumplir con esta resolución. La Corte IDH destaca la importancia de esta medida preventiva ante el reiterado desacato de las autoridades peruanas a las sentencias emitidas en los casos Barrios Altos y La Cantuta. La aprobación de esta ley de impunidad podría causar un daño irreparable en la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos humanos en Perú.
Además, esta decisión se suma a la resolución emitida en diciembre pasado, donde la Corte IDH condenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori, considerado autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, en contravención a una sentencia previa que prohibía cualquier acción que favoreciera la impunidad. La constante vigilancia y las medidas enérgicas de la Corte IDH refuerzan la necesidad de que el Estado peruano cumpla con sus obligaciones internacionales y asegure justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
