LOS CAMBIOS SON BUENOS

La reciente reorganización ministerial llevada a cabo por la presidenta Dina Boluarte el martes 13 de febrero ha generado un intenso debate en el panorama político peruano. Los cambios en las carteras de Economía, Defensa, Ambiente y Energía y Minas han llamado la atención, especialmente en un contexto donde ya se estaban presentando mociones de interpelación contra otros ministros. Este movimiento político no solo refleja la voluntad de la mandataria de impulsar una nueva dirección en áreas clave del gobierno, sino también una respuesta a las demandas de transparencia y eficiencia por parte del Congreso y la sociedad en general.

El impulso de mociones de interpelación, particularmente contra los ministros Raúl Pérez Reyes y Víctor Torres, revela la creciente preocupación por la gestión gubernamental en áreas sensibles como el transporte y la seguridad ciudadana. La cancelación de vuelos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez ha desencadenado un cuestionamiento sobre la capacidad de Pérez Reyes para dirigir el Ministerio de Transportes, mientras que las deficiencias en la lucha contra la inseguridad y otros eventos han puesto en la mira al ministro del Interior.

La respuesta del titular del Ministerio del Interior, Víctor Torres, ante la segunda moción de interpelación evidencia un clima de tensión política. Su declaración de que «renunciar sería un acto de cobardía» refleja la determinación de enfrentar los desafíos y las acusaciones en su contra. Sin embargo, la cantidad de preguntas presentadas sugiere que su gestión será objeto de un escrutinio minucioso por parte del Congreso.

En este contexto, es fundamental que el proceso de interpelación se lleve a cabo con responsabilidad y objetividad, con el objetivo de esclarecer las dudas y asegurar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. La ciudadanía espera respuestas claras y acciones concretas por parte del gobierno para abordar los desafíos que enfrenta el país en áreas cruciales como el transporte y la seguridad. Es evidente que la seguridad ciudadana le importa un pepino al gobierno de Boluarte y Otarola y han dejado a su suerte al ministro del interior en manos del congreso, por lo menos un mes más sin rumbo y a la deriva en manos de la delincuencia organizada.