La solicitud de la presidenta Dina Boluarte ante el Poder Judicial para que se cierre la investigación en su contra sobre el caso Rolex plantea un debate sobre los límites del proceso legal en casos de altos funcionarios. La defensa de Boluarte, liderada por el abogado Juan Carlos Portugal, argumenta que la investigación preliminar debía haber concluido en 60 días, según lo dispuesto en la Ley 27,399. Sin embargo, la fiscalía ha ampliado el plazo bajo el amparo del Código Procesal Penal, lo que ha generado controversia respecto a cuál norma debe prevalecer.
El fiscal supremo adjunto Luis Germaná Matta, en representación de la fiscalía, defendió la extensión del plazo argumentando que la complejidad del caso justifica la ampliación de las diligencias. La defensa de Boluarte, por su parte, considera que esta ampliación es inapropiada, dado que la investigación inicial se inició bajo una ley especial que no permite prórrogas. Esta diferencia en el marco normativo es central en el debate, ya que podría sentar un precedente importante en investigaciones futuras a altos funcionarios.
El pedido de control de plazo busca que el caso pase al Congreso, evitando que la fiscalía continúe las investigaciones sobre las finanzas de la presidenta. Para la defensa de Boluarte, la transición del caso al Congreso podría ofrecer mayor protección, ya que denuncias anteriores contra la mandataria no han prosperado en dicho foro. En este contexto, el Congreso podría ser un escenario menos riesgoso para la presidenta, dadas las dinámicas políticas que han paralizado otras investigaciones.
Finalmente, la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley será clave en determinar el curso del proceso. Si bien ya ha rechazado solicitudes similares en el pasado, la defensa de Boluarte confía en que los argumentos presentados ahora logren revertir el precedente. Esta resolución no solo tendrá implicaciones para Boluarte, sino que también definirá los alcances y límites de las investigaciones contra altos funcionarios en el país, y si estas deben regirse por plazos estrictos o por consideraciones de complejidad.
