En medio de la tormenta mediática que lo ha involucrado en uno de los casos más controversiales de minería ilegal, el juez Richard Concepción Carhuancho ha decidido alzar la voz. En una entrevista para el programa dominical *Panorama*, el magistrado defendió su reputación frente a acusaciones que lo relacionan con la devolución de barras de oro incautadas en el contexto del caso de la minera Lomas Doradas. Con una claridad contundente, Carhuancho rechazó cualquier participación en la liberación del oro y declaró que jamás ha emitido decisiones judiciales injustas. Su integridad, según afirma, es inquebrantable.
El caso en cuestión se refiere a la devolución de cinco barras de oro que pertenecen a la empresa Lomas Doradas, vinculada a la familia Miu Lei. Carhuancho, lejos de esquivar el tema, explicó detalladamente que no fue él quien autorizó la devolución, y señaló a las autoridades judiciales que sí tomaron esa decisión. Entre los nombres mencionados se encuentran tres jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones y el fiscal Lucio Sal y Rosas Guerrero, quienes intervinieron en distintas etapas del proceso que culminó en la devolución parcial de las barras de oro.
El escándalo que rodea a este caso ha sido alimentado por testimonios que alegan sobornos y presiones en los más altos niveles judiciales. Sin embargo, Carhuancho fue categórico al desmentir cualquier relación con esos actos de corrupción. El juez destacó que, aunque el caso lo involucra por su rol dentro del sistema judicial, en ningún momento autorizó ni fue partícipe de las decisiones que favorecieron a la empresa minera. Su postura no deja margen a la ambigüedad: «Prefiero la muerte antes que la deshonra», sentenció.
Este episodio revela la fragilidad del sistema judicial frente a presiones externas, pero también destaca la importancia de defender la integridad de aquellos que lo conforman. Si bien Carhuancho ha sido objeto de graves señalamientos, la transparencia y determinación con las que ha abordado el tema son un ejemplo de la importancia de que las instituciones operen con justicia y ética. La opinión pública ahora espera que las investigaciones revelen la verdad en su totalidad, mientras se preserva el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
