LA SESIÓN DE DINA

La solicitud del Gobierno de Dina Boluarte para que el Congreso convoque a una sesión extraordinaria con el fin de ratificar la delegación de facultades legislativas subraya la urgencia y la importancia que el Ejecutivo le asigna a esta medida. La intención es dotar al Poder Ejecutivo de la capacidad para legislar en áreas críticas como la reactivación económica, la seguridad ciudadana y la defensa nacional durante un plazo de noventa días. Este esfuerzo, anunciado por el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, refleja la necesidad de respuestas rápidas y efectivas a los desafíos que enfrenta el país.

Durante la primera votación, el Congreso decidió tratar individualmente las diez materias y sesenta y dos submaterias del dictamen de la Comisión de Constitución. A pesar del intento de Martha Moyano de exonerar la solicitud de una segunda votación, el Pleno optó por una deliberación más exhaustiva, iniciada por Alejandro Soto. Este proceso minucioso demuestra la importancia de cada tema y la necesidad de un consenso amplio para aprobar medidas que tendrán un impacto significativo en diversas áreas de la política pública.

El calendario congresal, que culminó su período anual de sesiones 2023-2024, añade otra capa de complejidad. Dada la necesidad de una segunda votación para ratificar las facultades legislativas, el Ejecutivo ha solicitado una sesión extraordinaria. Aunque el congresista Alejandro Muñante confirmó que la presidenta tiene la prerrogativa de convocar a sesión, expresó su escepticismo sobre el enfoque exclusivo en este tema. Esta tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo destaca las dificultades inherentes a la colaboración interinstitucional, especialmente en momentos críticos.

El paquete de facultades legislativas aprobado inicialmente abarca áreas desde la simplificación regulatoria hasta la política criminológica y penitenciaria. La amplitud de estos temas subraya el ambicioso alcance de las reformas propuestas. La administración Boluarte, a través del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha dejado claro que la intención es no solo reactivar la economía sino también mejorar la eficiencia del Estado en la gestión de servicios públicos y en la recaudación fiscal. Este conjunto de medidas es crucial para abordar tanto los desafíos inmediatos como los problemas estructurales a largo plazo.