LA MINISTRA DE LA MUJER Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN A PUNTO DE SER CENSURADOS

La moción de censura promovida por la congresista Ruth Luque, presidenta de la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, ha puesto de manifiesto una grave preocupación en torno a la inacción de los ministros de Educación y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La ausencia de los titulares Morgan Quero y Ángela Hernández en una citación crucial para abordar los casos de violación de niñas Awajún ha generado una fuerte indignación y ha impulsado la demanda de censura por «discriminación en agravio de las niñas y niños de las comunidades nativas Awajún y Wampis».

Los argumentos presentados en el documento de la moción subrayan la gravedad de la situación. No solo se acusa a los ministros de no asistir a la comisión del Congreso, sino también de una aparente falta de interés y compromiso en abordar los abusos sufridos por las comunidades nativas. Los parlamentarios Ruth Luque, Susel Paredes y Flor Pablo han sido enfáticos en señalar que la inacción de los ministros refleja una profunda desatención hacia los derechos de los niños y niñas vulnerables, lo cual es inaceptable en una sociedad que se precia de respetar los derechos humanos.

La crítica no se limita solo a los ministros de Educación y de la Mujer. La inasistencia de los titulares de Salud y Cultura también ha sido motivo de reproche. Ruth Luque expresó públicamente su decepción y subrayó la importancia de rendir cuentas en una sesión extraordinaria convocada con suficiente antelación. Este llamado a la rendición de cuentas no es una mera formalidad, sino una exigencia urgente para abordar una crisis que ha sido ignorada por años, como lo demuestran los alarmantes datos de violencia sexual y contagio de VIH en menores de la comunidad Awajún.

La moción de censura se sustenta en hechos contundentes y en una clara demanda de justicia para las comunidades afectadas. Es fundamental que las autoridades pertinentes tomen acciones inmediatas y efectivas para sancionar a los responsables y evitar la perpetuación de estos abusos. La desatención y la indiferencia no pueden ser la respuesta del Estado ante situaciones tan graves; es imperativo que se tomen medidas concretas y se demuestre un verdadero compromiso con la protección y bienestar de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables.