LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA NUEVAMENTE EN LA MIRA

La apelación del Congreso contra el fallo del Poder Judicial que restituyó a Aldo Vásquez e Inés Tello como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha desatado una nueva controversia en el ámbito político y judicial del país. El Congreso argumenta que su recurso de apelación se basa en el Artículo 22 del Nuevo Código Procesal Constitucional, el cual les otorga un plazo de tres días para apelar. Esta medida refleja la determinación del Legislativo por anular una sentencia que consideran arbitraria y que, según ellos, vulnera el fuero parlamentario.

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, ha sido enfático en su rechazo a la decisión judicial, acusando a los jueces de estar sometidos a la JNJ. Soto argumenta que esta subordinación se debe a que la JNJ es responsable de ratificar a los jueces, lo que supuestamente influye en sus resoluciones judiciales. En una entrevista, Soto manifestó su descontento con lo que percibe como una invasión del Poder Judicial en asuntos que, según él, no le competen, y anunció que exigirán al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada por el Congreso.

El conflicto entre el Congreso y la JNJ se remonta a marzo de 2024, cuando el Legislativo decidió inhabilitar por diez años a Inés Tello y Aldo Vásquez, acusándolos de presunta infracción constitucional. Este acto provocó una fuerte reacción por parte de los afectados y de varios sectores que consideraron la medida como un ataque a la autonomía de la JNJ. La tensión se intensificó con el fallo del Poder Judicial que ordenó la restitución de Tello y Vásquez, lo cual fue interpretado por el Congreso como una interferencia indebida en sus atribuciones.

En medio de este conflicto, varios expresidentes del Congreso se han unido para cuestionar la decisión del Poder Judicial, acusando incluso a un juez de un presunto conflicto de interés. Esta situación subraya la necesidad de un equilibrio y respeto entre los poderes del Estado para garantizar la estabilidad institucional y la correcta administración de justicia. La apelación del Congreso y la eventual decisión del Tribunal Constitucional serán determinantes para el futuro de la relación entre estos poderes y para la percepción pública sobre la imparcialidad y autonomía del sistema judicial en el país.