LA ESPERANZA DEL LAGARTO

La ratificación de la inhabilitación por diez años para ejercer funciones públicas impuesta al expresidente Martín Vizcarra, decidida por la Primera Sala en lo Constitucional de Lima, subraya una vez más las profundas tensiones que existen entre las instituciones del Estado peruano. La inhabilitación de Vizcarra, quien fue sancionado por vacunarse irregularmente contra la COVID-19, pone en evidencia el uso del poder político por parte del Congreso, que ha decidido actuar con severidad ante lo que considera una infracción grave de la Constitución.

Este fallo también resalta la complejidad de la justicia en casos donde se entrelazan aspectos políticos y legales. Vizcarra apeló la decisión inicial buscando anular la sanción que, en su opinión, vulneraba sus derechos constitucionales. No obstante, el tribunal concluyó que la inhabilitación es una medida política, no penal, y que el Congreso actuó dentro de sus facultades al sancionar al expresidente. Esta distinción entre lo político y lo penal es clave en la decisión de la Sala Constitucional, que rechazó la comparación hecha por la defensa con el caso del presidente colombiano Gustavo Petro.

El desenlace judicial de este proceso no solo tiene implicaciones para Martín Vizcarra, sino que también podría sentar un precedente para futuros casos donde se cuestionen las acciones del Congreso frente a altos funcionarios. La posibilidad de que Vizcarra recurra al Tribunal Constitucional o incluso a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos demuestra la prolongada batalla legal que aún podría seguirse, reflejando la persistencia del expresidente en limpiar su nombre y la desconfianza hacia las instituciones peruanas.

En definitiva, este caso expone las profundas divisiones en la política peruana, donde las decisiones judiciales pueden ser vistas como armas en una guerra política más amplia. Mientras Vizcarra promete luchar hasta las últimas instancias para revertir su inhabilitación, el país observa cómo la pugna entre poderes del Estado sigue generando controversia y descontento, poniendo a prueba la fortaleza de la democracia peruana.