El fallo del Tercer Juzgado Penal Colegiado, que declaró infundado el pedido de nulidad del juicio por el Caso Cócteles solicitado por Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, marca un punto decisivo en uno de los procesos judiciales más controvertidos del país. La jueza Mercedes Coronado, al negar la nulidad, subrayó que a pesar de las deficiencias en la digitalización del expediente, la defensa cuenta con toda la información necesaria en formato físico. Este fallo reafirma la importancia de proceder con el juicio, garantizando que los alegatos se formulen de acuerdo a la acusación y el auto de enjuiciamiento.
La defensa de Fujimori, argumentando vulneraciones al derecho de defensa y señalando que sus clientes están en «indefensión» por falta de una imputación concreta, presentó un recurso de reposición que también fue declarado infundado. La magistrada Coronado dejó claro que, conforme avance el juicio, se realizarán las aclaraciones necesarias y se garantizarán los derechos tanto de la defensa como del Ministerio Público. Esta postura destaca la intención del tribunal de asegurar un proceso justo y transparente, sin permitir dilaciones que puedan entorpecer la justicia.
La reacción de Keiko Fujimori tras la audiencia refleja una estrategia de confrontación directa con las acusaciones, basada en la confianza en su inocencia. Expresando solidaridad con los demás imputados y reafirmando su compromiso de enfrentar el juicio, Fujimori mostró una postura combativa y optimista. Su declaración ante los medios subraya la narrativa de su defensa, que busca desacreditar las acusaciones de lavado de activos y proyectar la imagen de una líder política perseguida injustamente.
En este contexto, la resolución del Tercer Juzgado Penal Colegiado de instalar el juicio por el Caso Cócteles establece un precedente importante para los procesos judiciales de alto perfil en el país. Aunque la defensa de Fujimori no esté de acuerdo con la decisión, su compromiso de respetarla y participar activamente en el juicio sugiere una batalla legal intensa que podría tener implicaciones significativas tanto para su futuro político como para la credibilidad del sistema judicial peruano. El juicio tendrá una duración aproximada de dos años y se realizará en plena campaña electoral del 2026.
