INVESTIGACIÓN PARA TODOS

La apertura de una investigación preliminar por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, encabezada por Delia Espinoza, sobre las resoluciones judiciales que favorecieron a la destituida Patricia Benavides, marca un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en el sistema judicial peruano. Esta investigación, que también incluye a la hermana de Patricia, Enma Benavides, y a los jueces Bacilio Cueva, María Vidal y Jacqueline Tarrillo, busca esclarecer los presuntos delitos de cohecho activo y pasivo específico, en agravio del estado.

Los hechos en cuestión se remontan a las acciones que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emprendió contra Patricia Benavides. En su intento por bloquear estas investigaciones, Benavides acudió al Poder Judicial, obteniendo fallos favorables del Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, presidido por la jueza Jacqueline Tarrillo. Estas resoluciones, emitidas en agosto y octubre de 2023, han sido objeto de serios cuestionamientos, ya que parte de su fundamentación se basaba en normativas ya derogadas.

La gravedad de las acusaciones se agrava con las supuestas comunicaciones y coordinaciones entre Patricia Benavides y otros funcionarios judiciales, destinadas a manipular el proceso a su favor. El Ministerio Público ha señalado que Benavides habría contado con la colaboración de Bacilio Cueva y Enma Benavides para contactar a María Vidal, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, con el fin de obtener fallos favorables de la jueza Tarrillo. Estos actos, si se comprueban, no solo implicarían una grave violación de la ética judicial, sino también la comisión de delitos que socavan la confianza en el sistema judicial.

Es fundamental que esta investigación se lleve a cabo con la mayor transparencia y rigor posible. La independencia del sistema judicial es un pilar esencial de cualquier democracia, y casos como este ponen en evidencia la necesidad de reformas profundas para garantizar su integridad. La sociedad peruana merece un sistema judicial que opere sin interferencias indebidas y que actúe en defensa del interés público, no en favor de intereses particulares y corruptos. La resolución de esta investigación será crucial para restaurar la confianza en las instituciones y asegurar que la justicia prevalezca sobre la corrupción.