EXTORSIÓN EN AUMENTO: DENUNCIAS CRECEN 22.5 % EN LO QUE VA DEL AÑO

Las denuncias por extorsión en el país no muestran señales de desaceleración. Según cifras del Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol), entre enero y mayo de 2025 se han registrado 11.475 denuncias, lo que representa un alarmante incremento del 22.5 % respecto al mismo periodo del año anterior. El analista de datos Juan Carbajal advirtió que, de mantenerse esta tendencia, el año podría cerrar con cerca de 30.000 casos. Además, precisó que actualmente se reporta una denuncia por extorsión cada 19 minutos a nivel nacional, afectando a casi el 60 % de las regiones del país.

El aumento es especialmente notorio en regiones como Puno, que pasó de 30 a 53 denuncias, un alza del 76.7 %. Le siguen Cusco, Madre de Dios, Callao y Piura, todas con crecimientos superiores al 50 %. Aunque Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de denuncias con más de 4.700 casos, el aumento proporcional en otras regiones pone en evidencia la expansión del delito fuera de la capital. “Así como empezó Lima, hoy ya está ocurriendo en otras regiones”, advirtió Carbajal.

Frente a este panorama, expertos coinciden en que las respuestas del Estado han sido ineficaces. El exministro del Interior Jerónimo Wilfredo Pedraza criticó la falta de inteligencia operativa y calificó de “desastrosas” las medidas del gobierno, centradas en estados de emergencia que cuestan al país millones de soles sin generar impacto real. Pedraza advirtió que la extorsión se ha diseminado hacia sectores tan diversos como clínicas, colegios, mototaxis y el transporte formal e informal.

El exministro Rubén Vargas fue más enfático al señalar que el país atraviesa un “desborde criminal incontrolado”, alimentado por la impunidad. Según Vargas, para extorsionar basta un teléfono y algo de información: ni siquiera es necesaria un arma. A esto se suma la crítica del exviceministro Ricardo Valdés, quien denunció la falta de control sobre los penales, la ausencia de coordinación con empresas tecnológicas y telefónicas, y la carencia de una estrategia integral. “Las medidas del gobierno son equivocadas. No están preparados para enfrentar este delito”, concluyó.