FAVORITISMOS POLÌTICOS

La contratación de Jesús Zanabria, hijo del Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, por el Ministerio del Interior, suscita interrogantes y preocupaciones. La cercanía temporal entre el nombramiento de su padre y su ingreso al Estado, sin experiencia previa, plantea dudas sobre la transparencia y la equidad en el proceso de selección. La situación se complica aún más con la admisión de Jesús de haber sido recomendado por una persona cuyo nombre prefiere mantener en reserva, lo que alimenta especulaciones sobre la influencia de su padre en su contratación.

El 4 de enero de 2024, Víctor Zanabria asumió el cargo de jefe de la PNP, y poco más de un mes después, su hijo comenzó a trabajar en el Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior. Jesús Zanabria, de 35 años, empezó con un contrato como asistente legal, recibiendo una remuneración de S/3,000 por labores de recepción, registro y distribución de documentación administrativa. A pesar de la negativa de que su padre haya influido en su contratación, la reserva del nombre de su recomendador y la rápida inserción en un puesto estatal generan inquietud sobre la imparcialidad del proceso.

Este episodio ocurre en un marco donde la figura de Víctor Zanabria ya se encuentra bajo escrutinio. Un informe de la Contraloría General de la República señala su implicación en presuntas compras sobrevaloradas durante su gestión en la Dirección de la Escuela Nacional de Formación Profesional de la Policía Nacional. Las acusaciones apuntan a una serie de adquisiciones ilícitas que habrían beneficiado a ciertas empresas con contratos valorados en S/42 millones. Estas revelaciones minan la confianza en la gestión de Zanabria y agravan la percepción de posibles irregularidades en su entorno familiar y profesional.

La trayectoria de Jesús Zanabria no se limita al Ministerio del Interior. Actualmente, trabaja en el Ministerio de Agricultura, evidenciando su movilidad dentro del aparato estatal. Sin embargo, la sombra de las circunstancias de su contratación inicial y la controversia en torno a su padre plantean preguntas cruciales sobre la ética y la transparencia en el gobierno. Este caso subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y asegurar que las contrataciones en el sector público se realicen de manera justa y sin favoritismos, protegiendo así la integridad de las instituciones del Estado.