La congresista Verónika Mendoza expresó su preocupación por la emisión del D.S. 001-2015 del Ministerio de Energía y Minas que, con el objetivo de acelerar inversiones en el sector minero, vulnera el derecho al territorio de las comunidades campesinas y sienta un grave precedente para las comunidades nativas.
Este DS flexibiliza criterios sobre procedimientos de evaluación y otorgamiento de la concesión de beneficio, inicio de actividades de exploración y explotación en concesiones mineras, para lo cual establece que para la autorización del proyecto minero y en caso de que los terrenos involucrados sean propiedad de comunidades campesinas, el inversionista solo deberá presentar una copia legalizada del Acta de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina. Es decir, bastará el acuerdo de la junta directiva en lugar de los dos tercios de los miembros de la comunidad reunidos en asamblea como estaba establecido en la Ley de tierras.
Mendoza informó que ha puesto el caso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de Naciones Unidas.
“He solicitado además un informe jurídico al Ministerio de Energía y Minas porque un decreto supremo no puede modificar una ley ni menos la Constitución. También estamos solicitando la opinión del Ministerio de Cultura que debe garantizar los derechos de los pueblos indígenas y que no se ha pronunciado hasta el momento. El Gobierno no puede seguir promoviendo normas que solo buscan satisfacer intereses de un privilegiado sector empresarial, vulnerando derechos como lo ha hecho con el “paquetazo antiambiental” o con el régimen laboral juvenil. Esto no puede seguir”, señaló la congresista.
Finalmente, Mendoza recordó que uno de los conflictos sociales más significativos de los últimos años, el Baguazo¸ ocurrió precisamente por la intención del Gobierno aprista de afectar los territorios de los pueblos indígenas. “El Gobierno debe modificar esta norma si no quiere provocar otro Baguazo”, enfatizó.
