EMPRESARIOS PIDEN PLAN INTEGRAL PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD EN EL PAÍS

El presidente de Capeco, Jorge Zapata Ríos, se pronunció sobre la creciente ola de violencia y extorsión en el país, destacando la urgencia de un plan de seguridad coordinado entre poderes.

Jorge Zapata Ríos, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), abordó en una entrevista la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país. Señaló que «hay un desborde de la violencia que no permite progresar ni trabajar y pone en peligro la vida». Para el empresario, el gobierno de Dina Boluarte debe presentar «una ruta y un plan articulado» para enfrentar el crimen organizado, que afecta tanto a la sociedad civil como al empresariado. Además, enfatizó la importancia de un trabajo conjunto entre el Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial para detener la violencia de manera efectiva.

Respecto a las protestas por la inseguridad que se han producido en las últimas semanas, Zapata Ríos explicó que «la población, transportistas y gremios empresariales están afectados por la violencia y la extorsión». En su opinión, estos reclamos son justificados, ya que la inseguridad compromete tanto los negocios como la integridad de las personas. El líder gremial también consideró que desde el Ejecutivo se debería escuchar a la ciudadanía en lugar de desestimar las manifestaciones, y sugirió la convocatoria de un Consejo de Estado donde los tres poderes trabajen unidos en una estrategia de seguridad.

En cuanto a la participación de Capeco en paros convocados, el presidente del gremio aclaró que «Capeco no se sumará a la paralización del 12 de noviembre», pero afirmó que apoyan iniciativas como la marcha organizada por la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, que busca impulsar políticas efectivas contra la criminalidad. Además, Zapata Ríos destacó el impacto del crimen organizado en el sector construcción, señalando que «las extorsiones en este sector han causado 24 muertes de dirigentes en los últimos años», y mencionó que es esencial actuar con discreción en las denuncias, pues la violencia afecta mayormente a proyectos en zonas alejadas de los centros urbanos.

Fuente: El Comercio