El caso de los abusos sexuales en las comunidades de Awajún y Wampís ha puesto en la mira a los ministros Morgan Quero y Ángela Hernández, quienes enfrentan una moción de censura presentada por congresistas de diversas bancadas. Esta situación refleja una profunda crisis en el manejo de la violencia sexual en el país, particularmente en las regiones amazónicas, donde se han registrado 524 casos de abuso por parte de profesores. La falta de respuesta efectiva por parte del Ministerio de Educación y la indiferencia del Ministerio de la Mujer han llevado a los legisladores a tomar medidas drásticas.
Los parlamentarios acusan al ministro de Educación, Morgan Quero, de desviar su atención hacia la defensa de la presidenta Dina Boluarte en asuntos legales y de interferir en las funciones del portavoz del Poder Ejecutivo, dejando de lado sus responsabilidades en el sector educativo. Esta desviación de funciones, según los firmantes de la moción, ha contribuido al abandono de la situación en Condorcanqui y a la desatención de los graves casos de violencia sexual en la región. Las declaraciones del ministro, que sugieren una tolerancia cultural hacia estos abusos, han sido duramente criticadas por los congresistas.
La ministra de la Mujer, Ángela Hernández, también ha sido objeto de fuertes críticas por sus declaraciones consideradas discriminatorias hacia las comunidades indígenas. Los congresistas señalan que sus expresiones no solo reflejan una falta de sensibilidad y comprensión hacia las culturas originarias, sino que también evidencian una inacción preocupante en la prevención y protección de las poblaciones vulnerables. La negativa de la ministra a disculparse y a rendir cuentas ante las comisiones del Congreso agrava aún más la percepción de indiferencia y negligencia en su gestión.
En conjunto, la moción de censura contra los ministros Quero y Hernández pone de relieve una serie de deficiencias en la respuesta gubernamental a los casos de abuso sexual en la Amazonía. Los legisladores exigen una acción contundente y responsable por parte del Ejecutivo para abordar esta problemática con la seriedad y urgencia que merece. Es fundamental que se tomen medidas concretas para proteger a los menores de las comunidades Awajún y Wampís, y que los responsables de la inacción y las declaraciones inapropiadas asuman las consecuencias de sus actos.
