EL CASO CÓCTELES EN LA CUERDA FLOJA

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El anuncio del abogado Christian Salas Beteta, parte de la defensa legal de Keiko Fujimori, respecto a la presentación de la declaración de Jaime Villanueva Barreto, exasesor de Patricia Benavides, como nueva prueba en el Caso Cócteles, añade una nueva dimensión a este complejo proceso judicial. Esta estrategia busca demostrar supuestas irregularidades en la investigación que implica a la lideresa de Fuerza Popular y a más de 40 procesados, intentando así debilitar la acusación fiscal y reforzar la defensa de Fujimori.

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez ha manifestado su escepticismo ante esta maniobra, sugiriendo que Villanueva Barreto es un testigo alineado con Fuerza Popular. Esta declaración pone en evidencia la tensión entre la fiscalía y la defensa, y subraya las complicadas dinámicas políticas y jurídicas en juego. Además, Pérez reafirma que su traslado al Equipo Especial Lava Jato no requirió coordinación alguna con Patricia Benavides, en un intento por desvirtuar cualquier alegato de manipulación en su nombramiento.

En este contexto, Domingo Pérez ha reiterado la necesidad de que Jaime Villanueva declare en el juicio, argumentando que sus testimonios previos podrían evidenciar la continuidad de actividades ilícitas dentro de Fuerza Popular. Estas declaraciones no solo buscan cimentar el caso contra Fujimori, sino también exponer posibles complicidades y coordinaciones que podrían haber influido en la estructura del equipo fiscal que lleva el caso, planteando así un escenario judicial de alta relevancia política.

Finalmente, Pérez ha solicitado a los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional que las audiencias del juicio se programen con mayor frecuencia, argumentando que la estrategia dilatoria de la defensa está ralentizando el proceso. Según él, una mayor periodicidad de las sesiones permitiría acelerar el juicio y evitar que se prolongue innecesariamente, facilitando así una resolución más expedita y justa. Esta petición pone de manifiesto la urgencia de la fiscalía por avanzar en un caso que ha captado la atención nacional e internacional, y que podría tener significativas repercusiones en el panorama político peruano.

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