El cambio de afiliación política de Fernando Orihuela, exvicegobernador de Junín y cercano colaborador de Vladimir Cerrón, genera importantes cuestionamientos sobre el rumbo de la política regional en Junín y las implicancias éticas de sus alianzas. Orihuela, al abandonar Perú Libre y unirse a Podemos Perú, refuerza una estrategia que parece enfocada en mantenerse en el poder a toda costa, aun cuando la transparencia de estas movidas políticas esté en entredicho. Su asociación con José Luna Gálvez, investigado por la Fiscalía, proyecta una imagen preocupante para la política regional.
Este tipo de alianzas, que involucran a figuras investigadas por diversos delitos, incluido Orihuela con más de 20 casos en su contra, plantea dudas legítimas sobre el futuro de la gobernabilidad en la región de Junín. El hecho de que Orihuela esté bajo acusaciones serias, como negociación incompatible y violencia familiar, sugiere que estos movimientos políticos podrían estar impulsados más por la protección de intereses particulares que por un auténtico deseo de servir a la comunidad.
El contexto se vuelve aún más alarmante cuando se considera que otros exmiembros de Perú Libre, como el abogado de Cerrón, también han migrado a Podemos Perú. La convergencia de figuras bajo investigación o con pasados cuestionables en una misma coalición política es un síntoma de los problemas estructurales que aquejan a la política peruana, donde las alianzas parecen muchas veces diseñadas para evitar rendir cuentas ante la justicia.
Por otro lado, la aparición virtual de Vladimir Cerrón en eventos políticos mientras permanece prófugo subraya el desafío que enfrenta el Estado en la aplicación de la ley. Que Cerrón pueda continuar dirigiéndose a sus partidarios desde la clandestinidad refleja una erosión de la legitimidad del sistema judicial. Esta situación alimenta la percepción de impunidad en la política peruana, donde las conexiones parecen ofrecer protección frente a las consecuencias legales.
