El Congreso ha dado un preocupante golpe al sistema de justicia con la aprobación de una ley que reduce las competencias del Ministerio Público en favor de la Policía Nacional. Esta medida, defendida por sectores políticos como el fujicerronismo y sus aliados, plantea que la Policía asuma la investigación preliminar de delitos, un rol que constitucionalmente le corresponde al Ministerio Público. Este cambio, aunque presentado como una forma de agilizar las investigaciones, ha generado serios cuestionamientos y alarma sobre su legalidad y las consecuencias que podría traer para el Estado de derecho en el país.
Las voces críticas, tanto dentro como fuera del Congreso, no se han hecho esperar. Legisladores como Gladys Echaiz, ex fiscal de la Nación, han señalado que esta norma vulnera la Constitución al alterar el equilibrio de poderes y asignar funciones inapropiadas a la Policía. Echaiz recordó que la Policía está bajo el control del Ejecutivo, lo que podría abrir la puerta a un Estado policiaco, debilitando la independencia del sistema de justicia y poniendo en riesgo la protección de los derechos fundamentales.
Además, se ha destacado que esta ley podría ser utilizada como una herramienta de persecución política. Legisladores como Jaime Quito advirtieron que, lejos de combatir la delincuencia, esta norma podría facilitar la criminalización de las protestas sociales y la represión de los movimientos populares. Esta perspectiva incrementa los temores sobre un posible uso arbitrario de la fuerza policial contra la ciudadanía, en un contexto político cada vez más polarizado.
En conclusión, la ley aprobada por el Congreso representa un serio retroceso para el sistema de justicia del país. El debate sobre su constitucionalidad y las consecuencias para los derechos y libertades fundamentales sigue abierto. Es esencial que se tomen las medidas necesarias para corregir este curso, respetando la Constitución y garantizando que los cambios en la estructura judicial no socaven la democracia ni los derechos ciudadanos.
