El Ministerio Público ha formalizado dos nuevas investigaciones preparatorias, sumando un total de 20 casos, relacionados con las muertes y lesiones ocurridas durante las movilizaciones sociales contra el gobierno de Dina Boluarte. Estos nuevos casos, centrados en la muerte de un menor en Apurímac y la violencia ejercida por un comandante policial en Juliaca, reflejan la gravedad y la extensión de la represión que ha marcado las protestas en el país. La implicación de 160 miembros de la Policía Nacional y el Ejército en estos procesos subraya la necesidad urgente de rendición de cuentas y justicia para las 274 víctimas afectadas.
La respuesta institucional a estos trágicos eventos ha sido lenta pero necesaria. La formalización de estas investigaciones es un primer paso crucial para garantizar que las violaciones de derechos humanos no queden impunes. Sin embargo, el proceso judicial debe avanzar con transparencia y celeridad para restaurar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia peruano. Las víctimas y sus familias merecen una investigación exhaustiva y justa, que identifique y sancione a los responsables de estos actos de violencia.
El informe de Amnistía Internacional añade una capa adicional de responsabilidad al señalar a la presidenta Dina Boluarte como posible autora mediata de las violaciones de derechos humanos. Este documento destaca la coordinación constante de Boluarte con los altos mandos policiales y militares durante los momentos críticos de represión y su falta de acción para detener la violencia. La negación de Boluarte sobre su contacto con las fuerzas de seguridad, contradicha por el informe, plantea serias preguntas sobre su papel y responsabilidad en estos eventos.
La búsqueda de justicia en este contexto no solo es un imperativo moral, sino también una necesidad política para fortalecer la democracia en Perú. Las investigaciones deben ser llevadas a cabo con rigurosidad y sin interferencias políticas, para que se establezca un precedente claro de que las violaciones de derechos humanos no serán toleradas. El país se encuentra en una encrucijada, y la forma en que se maneje este proceso judicial tendrá implicaciones duraderas para la gobernabilidad y el respeto a los derechos humanos en el futuro.
