La decisión judicial se sustenta en la pena probable del delito imputado, que es de siete años de cárcel.
El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Yange Pajuelo, conductor de un vehículo informal que atropelló el pasado viernes 25 de octubre a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) durante un operativo realizado en el distrito de San Juan de Lurigancho.
Por esta agresión, la fiscalía denunció a Yange Pajuelo por los delitos de lesiones graves y fuga de accidente de tránsito luego de que trató de evadir una intervención contra el transporte informal en el vehículo que conducía, de placa A7I-702.
Gracias a la rápida acción de la Policía Nacional, el irresponsable conductor pudo ser capturado y fue trasladado a la comisaría de Zárate.
La decisión judicial contra el procesado se sustenta en la pena probable del delito imputado, que es de siete años de cárcel, entre otros aspectos.
A través de su procuraduría, la ATU considera que Yange Pajuelo debe ser procesado por resistencia y violencia contra la autoridad en su modalidad agravada, porque se acreditó que el fiscalizador estaba ejerciendo sus funciones y se adjuntó el contrato de trabajo, la programación de operativos y los oficios enviados a las divisiones policiales solicitando apoyo para el operativo donde ocurrieron los hechos.
Cabe indicar que nuestro compañero se encuentra estable y recuperándose, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido. Además, viene recibiendo toda la atención médica necesaria.
Antecedente
En febrero del 2022, el Poder Judicial sentenció a nueve años y seis meses de prisión efectiva a Christian Daniel Banda Bolaños, conductor de un vehículo informal que el 27 de abril de 2021 atropelló a un fiscalizador de la Municipalidad de San Luis, acreditado por la ATU.
En este caso, el Ministerio Público imputó al acusado los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, lesiones graves agravadas y fuga de accidente de tránsito. El Poder Judicial también dispuso que el sentenciado pague por concepto de reparación civil un monto a favor del Estado y del fiscalizador agraviado.
