MÁS DE 20 CHOFERES ASESINADOS DEBIDO AL DELITO DE EXTORSIÓN

Desde el 2006, cuando Trujillo se convirtió en el epicentro del cobro violento de cupos a transportistas, la extorsión se ha expandido como una epidemia por todo el Perú. Hoy, este delito representa la principal fuente de ingresos de las mafias criminales, afectando especialmente al sector transporte, caracterizado por su alta informalidad y débil presencia del Estado. En solo diez meses, 33 personas han sido asesinadas por negarse a pagar extorsiones o quedar atrapadas en medio de ataques: choferes, pasajeros e incluso gerentes de empresas.

Los transportistas viven bajo amenaza constante. La frase “pagan o mueren” se ha convertido en una sentencia diaria para cientos de conductores que deben entregar dinero a hasta tres bandas distintas solo para trabajar. La instalación de cámaras en los buses, propuesta por el gobierno, ha sido rechazada por los gremios, quienes exigen medidas más efectivas. “Una cámara no salva vidas”, afirman. La realidad es que las empresas afectadas —como El Rápido, Etuchisa, La Nueva Estrella o Los Mandarinos— ya no pueden operar con normalidad, y algunas han optado por abandonar el servicio.

Entre las organizaciones criminales identificadas están OCSI, D.E.S.A., Los Injertos de SJL, Los Centauros y el cártel 52, pero la más peligrosa es “Los Injertos del Cono Norte”, cuyo cabecilla, Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, tiene una recompensa de un millón de soles por su captura. Estas bandas operan con total impunidad, cobrando cupos diarios y amenazando a quienes intentan denunciar. Los asesinatos recientes —como los de Pablo Vilcapoma, gerente de La Nueva Estrella, o Rosa Carmen Castro, pasajera alcanzada por una bala— confirman que la violencia no distingue víctimas.

Martín Valeriano, presidente de Anitra, alerta que la situación ha desbordado la capacidad del Estado. “No se puede trabajar así, los usuarios también están en riesgo”, denuncia. La falta de acción policial y la ausencia de resultados tangibles indignan a los gremios, que exigen presencia militar y estrategias de inteligencia efectivas. En sus palabras: “Queremos respuestas urgentes, no promesas a mediano o largo plazo. No se trata solo de proteger al transporte, sino de defender la vida de quienes, cada día, salen a las calles con miedo y sin garantías de volver a casa”.