El primer ministro, Eduardo Arana, anunció este jueves ante el Congreso de la República que el Gobierno ha elevado a un millón de soles la recompensa por información que permita la captura de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, uno de los delincuentes más buscados del país por su vinculación con delitos de extorsión y sicariato.
El primer ministro, Eduardo Arana, anunció este jueves ante el Congreso de la República que el Gobierno ha elevado a un millón de soles la recompensa por información que permita la captura de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, uno de los delincuentes más buscados del país por su vinculación con delitos de extorsión y sicariato. Esta cifra, una de las más altas ofrecidas por el Ministerio del Interior, busca incentivar la colaboración ciudadana y acelerar la detención del peligroso criminal.
Durante su presentación para solicitar el voto de confianza, Arana explicó que esta medida forma parte del reforzamiento del Sistema de Recompensas, una estrategia que busca agilizar y hacer más eficiente el pago a quienes aporten datos clave sobre cabecillas y miembros de organizaciones criminales. El Ejecutivo apuesta así por una mayor participación ciudadana en el combate a la criminalidad.
En esa línea, el primer ministro también anunció la aprobación del "Plan Estratégico de Modernización, Renovación, Reemplazo y Reparación del Equipamiento de la Policía Nacional del Perú", que será financiado con recursos del Fondo de Defensa. Este plan contempla la adquisición de tecnología de geolocalización en un plazo de 60 días, con el fin de mejorar la capacidad operativa de las unidades especializadas frente a delitos como la extorsión.
Finalmente, Arana recordó que en octubre de 2024 el Ejecutivo presentó al Congreso el Proyecto de Ley N.° 9085/2024-PE, que busca endurecer las penas por delitos como el sicariato y la extorsión, e incorpora la figura de “terrorismo urbano”. El primer ministro instó al Parlamento a priorizar su debate y aprobación, subrayando que el objetivo es garantizar la seguridad ciudadana y proteger los derechos fundamentales de la población.