¿CUÁNTAS VECES TE HAN ROBADO EN LAS CALLES?

La grave crisis de inseguridad que enfrenta el Perú no solo ha captado la atención de la ciudadanía, sino que ahora también ocupa titulares internacionales. El auge de las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato ha impactado profundamente diversos sectores de la economía, desde transportistas y barberos hasta instituciones educativas. Esta situación pone en evidencia una alarmante incapacidad del Estado para contener y enfrentar un problema que drena los recursos y la seguridad de los ciudadanos. Tal como lo expone el *Financial Times*, el país enfrenta una lucha desigual contra economías ilegales que superan los presupuestos de las principales entidades encargadas de garantizar la seguridad y la justicia. 

Uno de los factores que agrava esta crisis es el vacío de poder político. En menos de una década, el Perú ha visto pasar por Palacio de Gobierno a seis presidentes, dejando al país en un estado de inestabilidad que los grupos criminales han sabido aprovechar. A esto se suman influencias externas, como la desmovilización de las FARC en Colombia y la expansión de pandillas desde Venezuela, que han contribuido al incremento del crimen organizado en la región. Este contexto resalta la urgencia de una estrategia integral que ataque las causas estructurales de la criminalidad, al tiempo que fortalezca las instituciones del Estado para recuperar la confianza de la población

El año 2024 marcó un triste récord como el más sangriento de la última década, con más de 2,000 asesinatos según el Sinadef, cifra que refleja un aumento preocupante frente a los 1,431 homicidios registrados en 2023. Sin embargo, este dato es objeto de controversia entre ministerios, lo que evidencia un problema adicional: la falta de coordinación y transparencia en las cifras oficiales. A ello se suma un subregistro de casos de extorsión debido al temor de las víctimas a represalias, lo que dificulta aún más dimensionar el problema y buscar soluciones efectivas. 

Finalmente, resulta preocupante el impacto de las decisiones legislativas en el incremento de la criminalidad. El Congreso ha promovido normas que, según expertos, favorecen indirectamente a los delincuentes y fomentan la corrupción. Este escenario refuerza el clamor ciudadano de acciones contundentes, como lo han demostrado las movilizaciones y protestas recientes. Es indispensable que el gobierno de Dina Boluarte priorice la seguridad ciudadana con medidas estructurales, enfrentando tanto las raíces económicas del crimen como las fallas institucionales que han permitido su expansión. De lo contrario, el Perú continuará hundiéndose en una crisis de violencia que amenaza con ser irreversible.