EXIGEN JUSTICIA TRAS ACCIDENTE PROTAGONIZADO POR REGIDOR EN VILLA EL SALVADOR

El pasado 18 de diciembre de 2024, un accidente ocurrido en la Av. Separadora Industrial de Villa El Salvador dejó cinco heridos tras el impacto de un vehículo conducido por el regidor Lino Rosales Palomino, quien manejaba en estado de ebriedad. Las víctimas exigen reparación por los daños físicos y psicológicos, mientras denuncian lentitud en el proceso fiscal.

Según las víctimas, Rosales, quien aún figura como regidor en la página del Estado, se encontraba en estado de ebriedad al momento del choque y se dio a la fuga sin brindar ayuda. Posteriormente, fue hallado por la policía en su domicilio, fuera del lugar de los hechos, lo que constituye un agravante legal en la investigación.

Testimonios de las víctimas

En declaraciones para medios locales, Paola Deza relató:

“El señor paró la moto para pasar el rompemuelle y de pronto sentimos el impacto por atrás. Me golpeó el abdomen y me dejó sin aire. Me quedé internada cuatro días y desde entonces no hemos recibido ayuda”.

Por su parte, Julio Barrueta aseguró:

“Me embistió estando borracho. Mis amigos mototaxistas lo reconocieron y lo siguieron hasta su casa en Chama, donde la policía lo encontró mareado. No auxilió a nadie. Quiero justicia, mi salud está afectada y perdí mi herramienta de trabajo”.

Ambos señalaron que ninguna autoridad municipal los ha contactado para asumir responsabilidad alguna, y que incluso hubo trabas para presentar la denuncia policial, presuntamente por presión del entorno del regidor.

Denuncia de lentitud fiscal 

El abogado de las víctimas, Raúl Quinto, denunció que a más de cinco meses del accidente, el caso aún se encuentra en diligencias preliminares, la etapa más básica de una investigación fiscal.

“Esto debió llevarse como flagrancia delictiva. Hay un video, un certificado de dosaje etílico que arrojó 1.14 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del permitido, y testigos. No hay complejidad. Lo único que hay es negligencia o, peor aún, encubrimiento”.

Además, criticó la inacción del alcalde Guido Iñigo Peralta, a quien acusó de no emitir ningún pronunciamiento institucional ni tomar medidas frente al hecho de que Loni Rosales continúa en funciones como regidor, según registros oficiales del Estado peruano.

Exigen pronunciamiento del alcalde y acción de la Fiscalía

Los afectados demandan que el alcalde Guido Iñigo se pronuncie y que el concejo municipal evalúe alguna sanción moral o ética. También exigen a la Fiscalía, particularmente al fiscal Hernán Bustamante, que acelere el caso y presente una acusación formal.

“No se puede permitir que un funcionario público involucrado en un hecho tan grave siga tomando decisiones como si nada hubiera pasado”, señaló Quinto.

El caso contempla al menos tres delitos graves: lesiones culposas agravadas, conducción en estado de ebriedad y abandono de personas en peligro. De probarse, Rosales podría recibir una pena de hasta seis años de cárcel.

Llamado ciudadano a la justicia

Las víctimas insisten en que este caso no debe quedar impune y esperan que la justicia no se vea afectada por influencias políticas. El llamado no es solo al Ministerio Público, sino también a la ciudadanía, para que vigile el actuar de las autoridades y se exija transparencia y celeridad en casos que involucran a funcionarios públicos.

“No queremos venganza, solo justicia”, concluyó Barrueta.