DINA BOLUARTE ACUMULA 34 DENUNCIAS CONSTITUCIONALES Y SIGUE BLINDADA POR EL CONGRESO

La presidenta Dina Boluarte enfrenta un historial sin precedentes de denuncias constitucionales en lo que va de su Gobierno. Son 34 las acusaciones en su contra por presuntos delitos e infracciones a la Constitución, presentadas por fiscales supremos, congresistas de distintas bancadas y ciudadanos. Las imputaciones abarcan desde la violenta represión de protestas sociales, el escándalo del “Rolexgate”, presunto abandono del cargo tras someterse a cirugías, hasta el uso indebido del vehículo presidencial. Sin embargo, ninguna de estas denuncias ha prosperado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), controlada desde hace tres años por legisladoras del partido oficialista Alianza para el Progreso (APP).

El caso más grave gira en torno a la represión de las manifestaciones sociales, con ocho denuncias constitucionales, tres de ellas promovidas por el Ministerio Público. La acusación más avanzada fue impulsada en 2023 por el fiscal supremo Juan Villena por presunto homicidio y lesiones graves, y aunque fue admitida, aún no se presenta el informe final que definirá su futuro. A esta se suma una nueva denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra Boluarte y seis exministros, por lesiones a ciudadanos durante las protestas, la cual podría acumularse con la de Villena.

Otro frente abierto para la mandataria es el “Rolexgate”, por el que ya enfrenta tres denuncias constitucionales. Dos fueron interpuestas por el Ministerio Público, incluyendo una por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación fue archivada por recomendación de la congresista Nilza Chacón, delegada del caso en la SAC. No solo propuso el archivo, sino que también cuestionó la legalidad de las diligencias de la Fiscalía, postura que fue respaldada por la Comisión Permanente del Congreso. Una tercera denuncia fue presentada por Espinoza, quien además pidió reabrir el caso previamente archivado.

Las acusaciones contra Boluarte también incluyen tres denuncias por abandono del cargo debido a sus cirugías, además de otros casos como el manejo del Club Apurímac, el uso del vehículo presidencial y vínculos con la fuga de Vladimir Cerrón. Aunque la Constitución limita las causales para procesar a un presidente en funciones, la evidente protección de la mayoría parlamentaria ha impedido que estas investigaciones avancen. La coalición oficialista no solo bloquea los juicios políticos, sino también los antejuicios por presuntos delitos, asegurando la permanencia de Boluarte en el poder pese a los cuestionamientos.