La
medida busca enfrentar fugas y corrupción, pero especialistas cuestionan que
civiles controlen accesos sin autoridad legal.
El ministro de Justicia, Eduardo
Arana, anunció que el Gobierno implementará un modelo donde el sector privado
administrará los accesos a los penales del país. Esta medida se basa en un
decreto legislativo vigente desde hace más de una década y busca responder a la
creciente crisis penitenciaria, agravada por recientes fugas en el penal de San
Juan de Lurigancho y el centro de menores, conocido como ‘Maranguita’.
Sin
embargo, expertos como el abogado y exministro del Interior, Cluber Aliaga, alertan
sobre los peligros de delegar funciones sensibles a civiles. “El control de ingresos y registros debe
ser ejercido por funcionarios públicos, no por trabajadores privados expuestos
a amenazas o corrupción”, señaló. Aliaga propuso una alternativa más
viable: que el sector privado colabore tecnológicamente y desarrolle
infraestructura para implementar cárceles productivas. “Eso sí sería una revolución penitenciaria”, remarcó.
Fuente:
Lima Conecta