GREMIOS RESPONSABILIZAN AL ESTADO POR SITUACIÓN EN PATAZ

La provincia de Pataz, en la región La Libertad, vuelve a ser escenario de una tragedia nacional con el asesinato de 13 trabajadores de la minera Poderosa, confirmado el último domingo. El hecho, atribuido a bandas criminales vinculadas a la minería ilegal, revela la crítica situación de seguridad que enfrenta esta zona minera del Perú. La empresa Poderosa denunció que las víctimas fueron secuestradas y “cruelmente asesinadas”, elevando a 39 el número de trabajadores asesinados en la región en los últimos meses.

Gremios empresariales y sindicatos emitieron un pronunciamiento conjunto en el que responsabilizan al Estado por la falta de una política firme y efectiva contra el crimen organizado. Criticaron especialmente el mantenimiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al que acusan de proteger actividades ilegales. La minera Poderosa también señaló al Ministerio de Energía y Minas por ignorar pedidos de exclusión de mineros ilegales en sus concesiones y calificó al Reinfo como un "fracaso total".

En medio de la conmoción, las organizaciones exigieron al Gobierno una respuesta urgente. Pidieron una estrategia clara que combine lucha frontal contra el crimen y una formalización minera real y sostenible. Poderosa advirtió que sin la intervención directa en las bocaminas ilegales, cuya ubicación está plenamente identificada, será imposible frenar la violencia que azota la región.

La violencia en Pataz se ha intensificado pese a la declaratoria de Estado de Emergencia y la presencia militar. El sábado, una nueva emboscada dejó ocho heridos, entre ellos dos policías, durante un ataque a otro campamento minero. Los gremios insistieron en que el país necesita un Estado con presencia real y autoridad para proteger la vida, el empleo formal y el desarrollo económico en regiones hoy dominadas por la ilegalidad.