Este miércoles 30 de abril, el Congreso de la República aprobó por insistencia una nueva ley que amplía la prohibición de las comunicaciones spam, generando expectativas entre los peruanos cansados de recibir constantes llamadas y mensajes promocionales.
Este miércoles 30 de abril, el Congreso de la República aprobó por insistencia una nueva ley que amplía la prohibición de las comunicaciones spam, generando expectativas entre los peruanos cansados de recibir constantes llamadas y mensajes promocionales. Esta normativa prohíbe a empresas nacionales y extranjeras contactar a usuarios sin su consentimiento previo, incluso para solicitar dicho permiso. La medida modifica de forma estricta el Código de Protección al Consumidor y fortalece la ley de protección de datos personales.
María Alejandra González Luna, directora de la Dirección de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, detalló que con esta ley no pueden llamar si no tienen el consentimiento del usuario, ni siquiera para pedírselo. Añadió que la autorización debe ser otorgado previamente, por ejemplo, en un contrato o sorteo. Además, si una llamada proviene del extranjero pero es gestionada por una empresa que opera en Perú, la responsabilidad legal recae sobre dicha empresa nacional.
El Ministerio de Justicia, a través de la Autoridad de Protección de Datos Personales (ANPD), habilitó canales de denuncia gratuitos para ciudadanos que reciban llamadas o mensajes sin autorización. Se puede contactar vía correo electrónico a protegetusdatos@minjus.gob.pe o llamar al 01 204 8020, anexo 2410. Existen dos formas de actuar: revocar el consentimiento dado o presentar una denuncia formal, lo que podría acarrear multas superiores a las 5 UIT para la empresa infractora.
La ley, aún pendiente de promulgación oficial, prohíbe el uso de call centers, sistemas automáticos, mensajes de texto y correos masivos con fines publicitarios sin consentimiento expreso. Con esta medida, se busca proteger la privacidad de los consumidores y sancionar a las empresas que infrinjan la normativa. Los ciudadanos ahora tienen una herramienta legal más sólida para frenar las comunicaciones no deseadas que invaden su día a día.