Gremios
exigen estrategia integral con inteligencia policial y coordinación judicial,
advirtiendo que la delincuencia frena inversiones y afecta a microempresarios.
La designación de Julio Díaz
Zulueta como ministro del Interior ha generado demandas urgentes del sector
empresarial, que señala a la inseguridad como uno de los principales obstáculos
para la reactivación económica. Según el Banco Central de Reserva, la criminalidad
le cuesta al Perú el 2.2% de su PBI anual, equivalente a US$5,800 millones.
Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, destacó que
este problema no solo afecta la competitividad, sino que profundiza la pobreza
al dificultar el crecimiento de pequeños negocios.
Desde la Federación Peruana de
Cajas Municipales, Jorge Solís alertó sobre el impacto en microempresarios y
asesores crediticios que operan en zonas de alto riesgo. "El crimen organizado está afectando directamente al sistema
financiero descentralizado", afirmó, mientras Jorge Delgado, de la
Asociación Latinoamericana de Microfinanzas, pidió mayor articulación entre el
Estado y el sector privado para proteger a los emprendedores. Los empresarios
coinciden en que las medidas aisladas, como los estados de emergencia, han
demostrado ser insuficientes.
Ante este panorama, los gremios
plantean una estrategia que combine inteligencia policial con tecnología de
vigilancia, mayor presencia territorial y coordinación efectiva con el
Ministerio Público. La presión sobre el nuevo ministro es clara: su gestión
será evaluada por su capacidad para reducir los índices delictivos y restaurar
la confianza en las zonas económicas clave del país.
Fuente:
El Comercio