La inseguridad ha convertido el transporte público en un espacio de temor permanente para miles de ciudadanos. En Villa El Salvador, el asesinato de Mauro Garriazo Flores, de 46 años, chofer de Vipusa, vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de quienes trabajan y se movilizan diariamente por Lima. El conductor fue atacado a balazos mientras llevaba pasajeros entre las avenidas Revolución y Primero de Mayo: el sicario habría disparado cuatro veces, y uno de los impactos acabó con su vida. Garriazo llevaba 13 años trabajando en la empresa y era conocido por sus compañeros como “Cuy”.
Lo más preocupante es que este crimen no aparece como un hecho aislado. Según la información, este sería el séptimo ataque contra Vipusa. La empresa ya había sufrido un atentado en septiembre de 2024 y, el pasado 5 de agosto, dos de sus buses fueron incendiados en Ventanilla, en un hecho atribuido preliminarmente a extorsionadores. Tras el asesinato del conductor, Vipusa decidió paralizar sus operaciones. Para los vecinos del sector 1, grupo 13, el miedo también se ha instalado en la vida cotidiana: algunos prefieren utilizar la Línea 1 del Metro o taxis por aplicativo ante la sensación de inseguridad en los buses.
Hay, además, una pregunta que las autoridades deben responder: ¿dónde estaba la seguridad prometida? El crimen ocurrió cuando estaba vigente el denominado Plan Escudo, estrategia que contempla presencia policial en buses, patios de maniobras y puntos estratégicos. Sin embargo, la propia Policía reconoció que la unidad atacada no contaba con efectivos policiales en el momento del atentado. Horas después, el Plan Cerco permitió detener a tres presuntos implicados. Durante la intervención se encontraron seis celulares con presuntos mensajes extorsivos, una pistola con una cacerina abastecida con cinco municiones, dos artefactos explosivos y presunta droga.
El problema ya no es solamente de los transportistas: es de toda la ciudadanía. Conductores, pasajeros, comerciantes y vecinos sienten que la extorsión y el sicariato pueden alcanzar a cualquiera. Por ello, la captura de presuntos responsables debe ser apenas el comienzo y no el final de la respuesta estatal. Se necesitan inteligencia policial, protección efectiva, investigación de las redes de extorsión y resultados que puedan medirse en las calles. Una ciudad donde el pasajero sube a un bus pensando que una bala puede alcanzarlo no puede acostumbrarse al miedo. La seguridad no puede seguir siendo una promesa: debe convertirse en una realidad visible para quienes viven, trabajan y se movilizan todos los días en Villa El Salvador y en todo Lima.