La
investigación que el Ministerio Público sigue contra el alcalde de Villa El
Salvador, Guido Iñigo Peralta, ha generado preocupación y un intenso debate
entre los vecinos del distrito. El burgomaestre, quien además aspira a la
alcaldía de Villa María del Triunfo, es investigado por el presunto delito de
lavado de activos y por supuestamente liderar una organización integrada por
familiares y empresarios que habría buscado introducir dinero de origen ilícito
al sistema financiero mediante empresas privadas.
Las pesquisas fiscales apuntan al origen de los fondos investigados. La Fiscalía sospecha que parte del dinero provendría de presuntos actos de corrupción en contrataciones públicas y de recursos vinculados al club Deportivo Los Chankas, cuando Guido Iñigo ejercía la presidencia de dicha institución. Asimismo, se investigan presuntos aportes de hasta S/ 250,000 provenientes de la Federación Peruana de Fútbol y posibles irregularidades en la adjudicación de obras públicas.
Uno de los casos más relevantes involucra a la empresa Inversiones Lumi E.I.R.L., la cual habría sido favorecida en licitaciones de la Municipalidad de Villa El Salvador a cambio de pagos ilegales. Según la investigación, esta compañía obtuvo contratos por cerca de S/ 50 millones durante el año 2024 en los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, una cifra que ha puesto bajo la lupa la gestión municipal y ha despertado cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Mientras
tanto, las opiniones de los vecinos se encuentran divididas. Algunos consideran
que las acusaciones deben sustentarse con pruebas contundentes y califican el
reportaje como malicioso; otros sostienen que, si existe una investigación
fiscal, esta debe llegar hasta las últimas consecuencias. A ello se suman las
observaciones de la Contraloría, que detectó vehículos y motocicletas de
serenazgo sin utilizar por falta de personal y el desabastecimiento de
alimentos para las ollas comunes, hechos que incrementan las dudas sobre la
administración municipal y refuerzan la exigencia ciudadana de transparencia y
rendición de cuentas.