Videnza Instituto recordó que durante el Gobierno de Pedro Castillo hubo una salida de capitales equivalente al 7% del PBI, por lo que las propuestas de Juntos por el Perú podrían desacelerar el crecimiento del país.
Aunque el Perú cuenta con importantes contrapesos institucionales, como la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR), el Tribunal Constitucional y el retorno de la bicameralidad, Videnza Instituto advierte que estos mecanismos no eliminan la capacidad de acción del Ejecutivo. Según el análisis, los “candados” institucionales actúan como mecanismos de contención, pero “estos límites son parciales”, ya que el Gobierno conserva margen suficiente para influir en variables clave como la inversión, el empleo y la confianza empresarial.
Entre las propuestas que ofrece Juntos por el Perú están la intervención estatal, la asamblea constituyente y cambios en el sistema financiero y el BCR. De acuerdo con Videnza, “bajo un escenario de continuidad del marco macroeconómico” el país podría crecer alrededor de 4,5% anual entre 2026 y 2031. En contraste, “bajo un escenario de mayor intervención estatal e inestabilidad por el llamado a una asamblea constituyente, el crecimiento se desaceleraría a alrededor de 1,5%”.
El informe señala que la inversión privada sería la variable más afectada ante un escenario de renegociación de contratos, incertidumbre constitucional y mayor participación estatal en sectores estratégicos. En ese contexto, recuerda que “la experiencia con Pedro Castillo, entre julio del 2021 y diciembre del 2022, ofrece un precedente claro sobre los efectos de cuestionar las bases del modelo económico”. La incertidumbre generada en ese periodo derivó en una salida de capitales equivalente al 7% del PBI, una depreciación del sol y un deterioro de la confianza empresarial que terminó afectando el crecimiento y los ingresos de los hogares más vulnerables.
Videnza agrega que varias de las propuestas de Juntos por el Perú recogen elementos similares a los observados durante ese periodo, como el cuestionamiento de la autonomía del BCR, el uso de reservas internacionales para financiar gasto público y una mayor intervención estatal en sectores estratégicos. Asimismo, advierte que “el impacto de las decisiones del gobierno puede ser profundo”, pues el Ejecutivo mantiene control sobre aspectos clave como la ejecución del gasto público, la conducción de la inversión pública y el nombramiento de altos funcionarios, herramientas suficientes para alterar las expectativas económicas y el desempeño del país durante los próximos años.
Fuente: El Comercio