CAPECO ADVIERTE QUE EL 47 % DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTÁN PARALIZADAS
De las más de 44,000 obras iniciadas desde 2022, casi la mitad no se ha comenzado o se encuentra detenida, afectando la competitividad del país.
La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) reveló cifras alarmantes sobre el estado de la infraestructura en el Perú en su informe económico N° 100. Según el gremio, de las 44,550 obras públicas iniciadas desde el año 2022, el 47 % aún no ha comenzado o se encuentra actualmente paralizada. El problema se agrava en los proyectos de mayor envergadura: de las obras con una inversión superior a los 7 millones de soles que no han sido finalizadas, el 42 % está detenido. Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco, criticó la gestión de recursos, señalando que: “Tenemos el problema de abandonar proyectos, y el problema que le damos dinero al que es más ineficiente, que es el gobierno local”.
A pesar de este panorama, el sector construcción proyecta una recuperación impulsada por la inversión privada, especialmente a través de asociaciones público-privadas (APP) y obras por impuestos. El Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 contempla 72 proyectos priorizados con una inversión total de S/ 144,200 millones, de los cuales más de la mitad provendrán de capitales privados. Para evitar futuros retrasos, Capeco propone la creación de grupos de trabajo multidisciplinarios que incluyan a la Contraloría y a las empresas constructoras para consensuar decisiones y acelerar la reanudación de los proyectos que hoy se encuentran en el abandono.
La reactivación de estas obras es fundamental para dinamizar la economía y mejorar la calidad de vida de la población. El gremio también considera necesario establecer una nueva programación de recursos para los proyectos gestionados bajo acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G), con el fin de asegurar su culminación en los plazos previstos. En un contexto donde ProInversión maneja una cartera de US$ 46,000 millones, el reto principal radica en fortalecer la capacidad de ejecución de los gobiernos locales y regionales para que la infraestructura deje de ser un cúmulo de proyectos estancados y se convierta en un motor de desarrollo real.
Fuente: Construir