SOLO EL 33% DEL PRESUPUESTO PARA DESASTRES SE DESTINÓ A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN 2025
El Estado peruano destinó más de S/ 2,200 millones a la gestión de riesgos, pero la mayor parte de los recursos se consumió en gastos operativos y atención de emergencias.
El aprovechamiento del presupuesto público para la prevención de desastres naturales enfrenta un déficit de eficiencia estructural en el Perú. Según datos de la Plataforma del Estado Peruano, durante el año fiscal 2025 se asignaron más de S/ 2,200 millones al programa "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias". Sin embargo, de ese monto total, apenas el 33% (aproximadamente S/ 757 millones) se invirtió en obras concretas de infraestructura preventiva, mientras que el resto de los recursos se diluyó en gastos de operación, mantenimiento y acciones reactivas ante crisis ya ocurridas.
Para el presente año fiscal 2026, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) dispone de un presupuesto de inversión de S/ 2,895 millones, una cifra que los especialistas consideran insuficiente para la magnitud de la cartera nacional. Se estima que se requieren S/ 7,950 millones para cubrir la totalidad de los proyectos programados, lo que deja en una situación de vulnerabilidad cerca de 30 obras de defensa ribereña fundamentales para proteger a la población. Esta brecha financiera, sumada a la demora en la ejecución, revive el temor de enfrentar desastres similares a los de El Niño Costero de 2017 por la falta de barreras físicas adecuadas.
La situación evidencia la urgente necesidad de que las autoridades regionales y locales gestionen con mayor rigor y celeridad los recursos transferidos, evitando el desaprovechamiento presupuestal que ha caracterizado las últimas gestiones. El portal del Estado advierte que existen miles de millones de soles sin utilizar debido a deficiencias en la planificación y trabas administrativas. Ante este escenario, diversos sectores exigen una mejor priorización del gasto, señalando que: "La falta de financiamiento adecuado pone en riesgo la protección de zonas vulnerables ante eventos climáticos", lo que obliga a las instituciones a pasar de un modelo de respuesta ante la tragedia a uno de prevención real mediante infraestructura sólida.
Fuente: Expreso