¿ALGÚN DÍA SALDRÁ EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA?
El anuncio del ministro de Justicia, Walter Martínez, sobre la próxima presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana abre una nueva expectativa en un país urgido de respuestas concretas frente al avance de la delincuencia común y el crimen organizado. Que el documento sea oficializado “en los próximos días” representa, en teoría, un paso necesario para ordenar la estrategia estatal. Sin embargo, también refleja la presión social y política que rodea un tema que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Resulta significativo que el Ejecutivo haya modificado nuevamente los plazos. Si bien antes se hablaba del 28 de julio como fecha límite, ahora se asegura que el plan se presentará antes de las Fiestas Patrias de 2026. Esta corrección, aunque busca transmitir urgencia, evidencia también un patrón de demoras que genera dudas sobre la capacidad del Estado para responder con la rapidez que exige la crisis de inseguridad.
Las postergaciones reiteradas, sumadas a la ampliación del grupo de trabajo encargado de elaborar la propuesta final, dejan la sensación de que aún no existe una hoja de ruta consolidada. En un contexto donde la violencia y la criminalidad golpean a diario, cada retraso alimenta el escepticismo ciudadano. No basta con anunciar una estrategia: es imprescindible que esta sea viable, coordinada y ejecutable desde el primer día.
El enfoque prometido —acciones en centros penitenciarios, fortalecimiento de la PNP y un “norte claro” contra el crimen— suena pertinente, pero el reto está en pasar del discurso a la operatividad real. Este plan debe ser más que un documento político: debe convertirse en la herramienta que permita cumplir la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030, reduciendo la victimización y recuperando los espacios públicos. La seguridad no puede seguir esperando; el país necesita resultados, no más anuncios.