El Colegio de Ingenieros del Perú advierte que los obstáculos para las obras de agua, salud y transporte no son económicos, sino de planificación y capacidad administrativa.
Diversos gobiernos locales del país cerraron sus periodos fiscales con altos niveles de recursos sin ejecutar, a pesar de contar con financiamiento aprobado por canon y sobrecanon minero. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta parálisis afecta principalmente a proyectos de infraestructura vial, saneamiento y centros de salud primaria. El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) sostiene que el problema central radica en debilidades técnicas, señalando que la baja ejecución responde a expedientes técnicos incompletos, cronogramas poco realistas y una deficiente evaluación de riesgos bajo el sistema Invierte.pe.
Ante este escenario, el CIP ha presentado una hoja de ruta para las autoridades que asumirán funciones en el periodo 2027–2030, con el fin de evitar que se repita la inmovilización de fondos. El gremio propone fortalecer la planificación estratégica y mejorar la gestión de proyectos cumpliendo estrictamente la Ley de Contrataciones del Estado. Los especialistas advierten que la presión política y la falta de supervisión técnica adecuada influyen negativamente en el desempeño de la inversión pública, lo que termina por mermar la competitividad económica local y la calidad de vida de los ciudadanos en las regiones.
La propuesta del gremio de ingenieros también incluye la implementación de herramientas digitales de seguimiento y sistemas de control interno para identificar retrasos a tiempo. Asimismo, plantean reforzar la transparencia en los procesos de contratación y promover la vigilancia ciudadana a través de alianzas con universidades y organizaciones civiles. Para el gremio técnico, el reto fundamental es lograr que los recursos inactivos se conviertan en proyectos funcionales que generen beneficios sostenibles, cerrando brechas que afectan directamente la calidad de vida de la población mientras los millones permanecen inmovilizados.
Fuente: La República